Cuando apenas han pasado cinco días desde que concluyó oficialmente el periodo vacacional de agosto, el mismo se nos antoja ya muy lejano, con la vuelta a la vorágine diaria, a los juicios, plazos, gestiones y todo esa variedad de funciones que tiene un profesional de la abogacía en su día a día. 

Acabamos el anterior año judicial con una buena noticia para nuestra profesión, como era el reconocimiento por ley de determinadas medidas para garantizar una mínima conciliación, pero con una JUSTICIA que había sufrido mucho a lo largo del primer semestre de 2023 una de sus mayores crisis. La crisis parece ser consustancial al propio servicio que la justicia presta a la sociedad y es que la justicia no parece haber importado mucho, o al menos no lo suficiente, sea cual fuere el color de los gobiernos, tanto estatal como autonómicos.

A la falta de modernización de este servicio público, falta de medios, tanto materiales como personales, falta de solución al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial,  vacantes del Tribunal Supremo y sobrecarga de trabajo,  y como si nos halláramos en una especie de «quien da más», se sumó a principios de año la huelga de los letrados de la Administración de Justicia a la que siguió la de los funcionarios, congelando la actividad durante meses.

Esta situación crítica y bajo mínimos de la justicia ha tenido, como todos, su periodo vacacional, pero no ha desaparecido. Empezamos con un ejecutivo en funciones y sin tener claro el próximo gobierno, el pretendido pacto de Estado por la Justicia por el que luchamos en el primer semestre parece en este momento definitivamente aparcado, el Tribunal Supremo sigue al borde del colapso, el Tribunal Constitucional sigue teniendo sobre la mesa cuestiones tan importantes como la Ley de Memoria Histórica, la ley del solo sí es sí, la ley de memoria democrática, el caso Puigdemont, los ERE…, muchos juzgados siguen colapsados, el turno de oficio necesita una dignificación urgente ya.

Es imprescindible contar con una Justicia de calidad que trasmita credibilidad y confianza a la ciudadanía en la tutela y defensa de sus derechos e intereses legítimos y eso, hoy en día, con la multiplicación de conflictos, el colapso en la renovación de sus órganos y en su normal funcionamiento, está muy lejos de conseguirse.

Pero si algo no podemos es empezar el nuevo año judicial de un modo derrotista. Está en nuestra agenta conseguir ese Pacto de Estado que aborde un cambio profundo de organización y de actitud de nuestra Administración de Justicia, de mejora permanente en su funcionamiento, que recoja  mecanismos que fortalezcan la credibilidad en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales y el respeto a la independencia judicial, que garantice un turno de oficio de calidad, revisando el marco legal de nuestro sistema de Justicia Gratuita de forma que garantice a los ciudadanos que carecen de recursos económicos, un servicio de calidad que garantice en todo caso, una digna compensación a la Abogacía que ampare todas las actuaciones efectuadas por designaciones de Oficio, que busque la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia racionalizando los métodos de trabajo y revisando su organización territorial y funcional, siempre con respeto a los principios de especialidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, flexibilidad y proximidad al ciudadano.

Pensaréis mucho que esa no es nuestra función, que bastante tenemos con los plazos, las vistas, los juicios… Pero no podemos olvidar que nuestra Constitución prevé el ejercicio de la defensa por abogadas/os para obtener una tutela judicial efectiva sin indefensión, que somos garantes  de los derechos y libertades de las personas y se nos atribuye a los abogados y a las abogadas el deber de velar siempre por los intereses de aquellos cuyos derechos y libertades defendemos. Y por más que lo nuestro sea la lucha, no podemos garantizar la defensa efectiva de  los derechos y libertades de la ciudadanía sin medios, con una maquinaria obsoleta, con un engranaje que no funciona, en un ambiente crispado y enrarecido desde la pandemia que no ha vuelto al 100% al estado anterior, con unas retribuciones que ya no es que no sean dignas, es que en algunos casos ni se contemplan.

¿Derrotismo¿ Para nada. A la lucha, por los derechos y libertades de la ciudadanía que requieren un funcionamiento de la justicia eficaz, dinámico y rápido, por una mejora de las condiciones de nuestro trabajo, de nuestras retribuciones,  por una oficina judicial moderna, por un expediente electrónico único implantado en todo el territorio. Para ello tenemos a nuestra abogacía institucional que a través de los cauces reglamentarios intenta día a día todas esas mejoras que nos hagan la vida profesional un poco más fácil, un poco mejor.

¿Y que hacemos nosotros, los abogados y abogadas de a pie frente a este nuevo año judicial igual de crítico y convulso que el recién acabado? Pues encararlo con ganas, con energías renovadas, tenemos un nuevo año por delante para enfrentarnos y pelearnos (en los tribunales), para negociar y conveniar (en mesas de trabajo), para pasarnos horas frente al ordenador aprendiendo, estudiando nuevas leyes, escribiendo, para noches en vela e insomnios en busca de soluciones, para volver a sentir esos gusanos en el estómago ante una vista complicada, para sufrir de impotencia ante las injusticias que vemos y no podemos evitar, ante el maltrato a la profesión. Y uno se pregunta, ¿vale la pena? Lo vale porque tenemos claro lo que somos: defensa de la ciudadanía y garantes de sus derechos y libertades, ahí es nada, como nuestro superhéroe. Así que feliz vuelta al campo de batalla y que tengáis un buen nuevo año judicial.