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La Abogacía hace un llamamiento para un pacto de Estado por el futuro de la Justicia
Ha sido aprobado por el pleno del Consejo General de la Abogacía, reunido durante el XIII Congreso de la Abogacía.
En un Estado social y democrático de Derecho es imprescindible contar con una Justicia de calidad que trasmita credibilidad y confianza a la ciudadanía en la tutela y defensa de sus derechos e intereses legítimos. Sin Justicia no hay democracia y no hay libertad. Por ello, resulta evidente que La Justicia es una cuestión de Estado.
Nadie es ajeno a la realidad de que, desde hace tiempo y de una forma más acuciante hoy en día, la Justicia sufre una grave crisis reputacional en la que se multiplican los conflictos, se cuestiona su independencia, y no se procede a la normal y legalmente prevista renovación de sus órganos de gobierno.
El deterioro de su funcionamiento y de su imagen institucional resulta evidente, encontrándonos en una situación crítica que está provocando una grave afección a la ciudadanía, que ve cómo existen miles de procedimientos paralizados y unos tiempos de respuesta que no resultan asumibles.
Desde hace muchos años, la Abogacía ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar de forma definitiva una reforma profunda y duradera de la Justicia, como verdadera solución de los problemas de la ciudadanía y la sociedad y ha tratado, siempre de manera proactiva, de impulsar un gran Pacto de Estado que exige, por su naturaleza, una firme voluntad de acuerdo que deje al margen cualquier tipo de interés político-partidista y/o corporativo.
Se hace necesario abordar y resolver los problemas puntuales y las legítimas reivindicaciones de quienes intervienen en la administración de justicia. Sin lugar a dudas, adquiere especial relevancia la antigua y constante reivindicación que la Abogacía viene efectuando, para conseguir una mejora en las condiciones en las que se presta el turno de oficio; ahora bien, sin que ello signifique ocultar u olvidar la imperiosa necesidad de abordar todas y cada una del resto de cuestiones de fondo que permitan transformar nuestro sistema de justicia, en un sistema moderno, creíble y reconocido como un servicio público de calidad, capaz de generar confianza en la ciudadanía.
Un Pacto de Estado que aborde un cambio profundo de organización y de actitud de nuestra Administración de Justicia y, sobre todo, que cuente con un compromiso político que permita realmente construir y ofrecer un servicio público, que tiene por destinatarios finales a todos los ciudadanos, la protección de sus derechos y libertades.
Un Pacto de Estado en el que todas las medidas que puedan adoptarse vayan encaminadas a una mejora permanente en la calidad de las resoluciones judiciales, para que la respuesta que reciba la ciudadanía sea justa en un tiempo adecuado.
Un pacto de Estado que recoja mecanismos que fortalezcan la credibilidad en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales, en sus órganos de gobierno y en las instituciones relacionadas con la Justicia, con una exigencia fundamental de respeto a la independencia judicial.
Un Pacto de Estado que mejore los mecanismos de coordinación de cada una de las instituciones y administraciones con competencias en la Administración de Justicia y los mecanismos de participación de quienes intervenimos en ella y de los ciudadanos destinatarios del servicio público.
Un Pacto de Estado que acometa la imprescindible mejora del Gobierno de la Justicia, sin olvidar que es el órgano de gobierno de un Poder del Estado, y no solo de los jueces, garantizándose la independencia en el ejercicio de su función por el Consejo General del Poder Judicial, con la finalidad de conseguir una cierta y real despolitización de la justicia, y garantizando una presencia más proporcional y representativa de la abogacía conforme al espíritu del artículo 122 de la Constitución Española.
Un Pacto de Estado que afronte, desde el consenso, una revisión del marco legal de nuestro sistema de Justicia Gratuita de forma que garantice, estrictamente a los ciudadanos que carecen de recursos económicos, un servicio de calidad, con profesionales debidamente formados, manteniendo la proximidad territorial y tendiendo a la especialización por áreas y servicios. Garantizando, en todo caso, una digna compensación a la Abogacía que ampare todas las actuaciones efectuadas por designaciones de Oficio.
Un Pacto de Estado que busque la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia racionalizando los métodos de trabajo y revisando su organización territorial y funcional, mediante una transformación estructural que supere el marco actual, cuya excesiva rigidez impide el adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles, con respeto a los principios de especialidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, flexibilidad y proximidad al ciudadano.
Un Pacto de Estado que emprenda la modificación del Estatuto de Jueces y Magistrados consolidando la idea de carrera con criterios de mérito, formación, especialización, rendimiento y calidad de trabajo, además de la antigüedad, aplicables para la promoción, adjudicación de destinos y mejora de los niveles retributivos. Revisando, igualmente, el sistema de acceso a la carrera judicial y de provisión de puestos, garantizando una amplia formación común para el acceso a la judicatura y la suficiente formación especializada en la jurisdicción de destino tanto en órganos unipersonales como colegiados.
Un Pacto de Estado que promueva la simplificación de la actual compleja estructura de los cuerpos de funcionarios, diseñando una verdadera carrera administrativa que estimule la promoción profesional, incorporando el establecimiento de incentivos basados en la calidad y en el rendimiento en el trabajo, siempre y, en todo caso, desde el diálogo con los colectivos afectados.
Un Pacto de Estado que impulse de forma decidida y eficaz mecanismos alternativos de solución de conflictos (mediación intrajudicial, conformidades, arbitraje) fomentando la cultura del acuerdo.
Un Pacto de Estado que efectúe una previsión de inversiones para abordar todas las reformas estructurales que la Administración de Justicia necesita en ámbitos tecnológicos, organizativos y de recursos humanos.
Un Pacto de Estado que consiga la implantación efectiva e inmediata en todo el territorio del expediente judicial electrónico, con el que puedan interactuar todos los intervinientes en el proceso y posibilite trámites on-line para la ciudadanía en condiciones de seguridad, confidencialidad, eficacia y pleno respeto a sus derechos fundamentales.
Un Pacto de Estado que reconsidere el conjunto del sistema legal de recursos, armonizando, en lo posible, los trámites y requisitos en todos los órdenes jurisdiccionales y generalizando la segunda instancia como garantía efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía.
Un Pacto de Estado que culmine la promulgación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoja un moderno sistema de instrucción y un enjuiciamiento adaptado a las exigencias jurídicas constitucionales e internacionales, homologable a los países de nuestro entorno.
Un Pacto de Estado que permita la revisión de los procedimientos, con tendencia a la uniformidad, la simplificación, la flexibilidad y el antiformalismo, y la reconsideración del criterio de imposición o condena en costas a fin de que el principio del vencimiento no suponga una limitación en el acceso real a la tutela judicial efectiva, tendiendo a su imposición a la parte que litiga con mala fe o temeridad.
Un Pacto de Estado que haga eficaz a la Justicia, a través de una mejora sustancial de la ejecución de las resoluciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales, dotando a la Administración de Justicia de todos los medios de los que otras Administraciones disponen para ejecutar las mismas.
Un Pacto de Estado que suponga la revisión del actual sistema de acceso a la Abogacía y a la Procura a fin de garantizar la acreditación de las habilidades prácticas precisas para el ejercicio profesional, así como la actualización de la formación profesional permanente y especializada.
Un Pacto de Estado que posibilite la conciliación de la vida personal y familiar de todos cuantos intervenimos en la Administración de Justicia, sin merma de los derechos de los justiciables.
Decíamos al principio, que la Justicia en una cuestión de Estado.
Nuestra Constitución prevé el ejercicio de la defensa por abogadas/os para obtener una tutela judicial efectiva sin indefensión.
Nuestro Estatuto General constituye a la Abogacía en garante de los derechos y libertades de las personas y nos atribuye a los abogados y a las abogadas el deber de velar siempre por los intereses de aquellos cuyos derechos y libertades defendemos con respeto a los principios del Estado social y democrático de Derecho constitucionalmente establecido.
Por ello, ni podemos ni queremos mirar para otro lado y, desde nuestra responsabilidad como Abogacía, pedimos a cuantos intervienen en la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia, Consejerías de las Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, grupos políticos, jueces, fiscales, letrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, procuradores y otros profesionales de la Justicia, un esfuerzo de responsabilidad y de generosidad, para alcanzar, entre todos, con participación también de los sindicatos, consumidores y otros colectivos ciudadanos, una gran Pacto de Estado que nos permita disponer de una Administración de Justicia que preste el servicio de calidad al que la ciudadanía y la sociedad en su conjunto tienen derecho.
ASÉ ESTAMOS: HUELGAS, PAROS Y TURNO DE OFICIO
2023: AÑO CONVULSO PARA LA JUSTICIA.
Si en el mes de enero fueron los Letrados de la Administración de Justicia los que iniciaron una huelga indefinida que mantuvieron hasta finales de marzo, es decir durante dos meses en los que se suspendieron juicios y vistas, no se admitieron a trámite demandas o dejaron de pagarse consignaciones judiciales, en ese mismo mes de marzo y casi sin solución de continuidad los funcionarios de justicia los que amenazaron con una huelga indefinida con paros de tres horas diarias a partir del 17 de abril. Y, estando incursos en esos paros que suponen nuevas suspensiones y dilaciones en la tramitación de los procedimientos y de nuevo sin solución de continuidad, asociaciones de la judicatura y fiscalía anunciaron el lunes 24 de abril su intención de convocar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo si no obtenían respuesta satisfactoria a sus peticiones en la reunión convocada con el Ministerio para el próximo 3 de mayo.
Jueces y fiscales anuncian este paro indefinido al considerar que se padece «un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos».
Pero en el fondo lo que subyace en la petición de todos los colectivos de la Administración de Justicia es el mismo: una mejora y aumento de su remuneración.
Y precisamente las medidas de presión utilizadas para conseguir una mayor remuneración como son la huelga y los paros afecta directa y gravemente a la abogacía: suspensiones, falta de admisión a trámite o tramitación, falta de pago de cantidades consignadas, etc y son las abogadas y abogados quienes han de trasladar a sus clientes esas situaciones, informar de “lo siento mucho, pero el juicio que llevabas esperando año y medio va a demorarse otro año más” o “sí, tienes el dinero consignado en el juzgado pero no nos lo dan” o “todavía no sabemos nada” o ”el funcionario que tramita tu expediente está de paro”. En fin, si no se pone remedio por parte del Gobierno, no es que haya amenaza de tormenta en la Administración de Justicia, sino amenaza de tsunami de consecuencias imprevisibles y es la abogacía, junto con la ciudadanía, las que van a ser las grandes perjudicadas.
Tenemos claro que la abogacía resulta directamente perjudicada por las huelgas y paros del resto de operadores jurídicos por una mejora salarial. Pero es que además, esa misma petición de mejora y aumento de la remuneración percibida por los servicios prestados en el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita es la que desde hace años viene realizado el colectivo de abogados y abogadas de este país adscritos a los distintos turnos.
Precisamente para mañana/hoy 27 de abril, en plena vorágine del caos que están provocando las huelgas y paros, una plataforma de abogados del turno de oficio han convocado una concentración en Madrid para reivindicar sus derechos y una retribución digna de sus servicios.
La concentración, de secundarse masivamente, servirá como medida para hacer visible el conflicto pero, ¿será una medida de presión como la de los restantes operadores jurídicos? ¿podemos hablar de la misma situación? Ni por asomo. LA ABOGACÍA NO TIENE DERECHO A LA HUELGA, NI A PARO. Los abogados y abogadas de oficio realizan su labor 24 horas al día, 365 días al año, con el fin de garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, pero no pueden ejercer medidas de presión, como el resto de los operadores jurídicos, para obtener sus reivindicaciones.
Pese a ello, la situación de la abogacía del turno de oficio en la Comunitat Valenciana donde se tienen transferidas competencias en el ámbito de la justicia, es mucho mejor que en el resto del territorio gracias a las políticas de diálogo y consenso que desde hace unos años se siguen desde el CVCA y la Consellería de Justicia, tomando como premisa del papel fundamental del servicio del turno de oficio para garantizar el derecho de defensa y la tutela efectiva, lo que ha permitido un incremento importante en las retribuciones del turno
En la Comunidad Valenciana se han incrementado aproximadamente un 100% los ingresos para la Abogacía de oficio en los últimos ocho años, el pago ha pasado de ser trimestral a bimestral y es puntual, se pueden cobrar las actuaciones realizadas a las personas jurídicas en el ámbito penal, se han creado nuevos servicios debidamente retribuidos, como los Justiprop y se han simplificado los trámites eliminando el antes obligado sellado en el Juzgado de los talones para su cobro. Además de ello, tenemos una amplia oferta formativa fruto de los convenios que anualmente se suscriben entre el CVCA y la Consellería de Justicia y que redunda en una mejor calidad del servicio.
Con ello no quiere decirse que está todo hecho, se siguen solicitando y reclamando por el CVCA actuaciones y medidas que permitan dignificar la profesión, así como incrementos en los baremos, siempre por encima del IPC para que la retribución percibida sea lo más acorde al trabajo realizado o que se paguen los desplazamientos a los centros de detención y penitenciarios así como aquellas actuaciones que siguen sin estar contempladas en los baremos.
Este diálogo y negociación que existe entre los colegios de la abogacía de la Comunidad Valenciana y la Consellería de Justicia esperamos que pueda alcanzarse con los funcionarios de justicia para que al menos el tsunami que se avecina se diluya en la medida de lo posible.
Y ese mismo diálogo y negociación esperamos que se produzca en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia con resultados satisfactorios para la abogacía.
Desde el ICA Sueca apoyamos a los compañeros y compañeras dependientes del Ministerio de Justicia en sus reivindicaciones y, una vez más, queremos aprovechar para ensalzar la labor del Consejo General de la Abogacía Española, órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de la Abogacía de España, donde están representados los más de 150.000 abogados y abogadas de nuestro país.
Estamos a favor y apoyamos la necesidad de que las Administraciones Públicas, instituciones y formaciones políticas, como ha venido reivindicando el
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA (CGAE), impulsen un Pacto para mejorar la Justicia, la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. La administración de Justicia (la llamada administración pobre) tienen como mal endémico, la falta de medios económicos y la carencia de una verdadera apuesta por la justicia que permita adaptarla siglo XXI, con reformas legislativas importantes, como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma profunda de la organización actual del sistema judicial, con la creación de más juzgados, de sedes de fiscalía y de equipos psicosociales en cada partido judicial, la mejora e integración de los sistemas informático.
Compartimos los ejes esenciales sobre los que se propone ese Pacto y por eso, en este día reivindicativo solicitamos:
- Dignificación, accesibilidad, transparencia y atención para una mejor calidad de la Justicia.
- Retribución digna para los Abogados del Turno de oficio y la compensación de todas las actuaciones realizadas, garantizando en todo caso la compensación de las actuaciones que se realizan por imperativo legal o judicial, así como el cobro de los desplazamientos a los centros de detención o penitenciarios.
- Incentivar la cultura del acuerdo y la solución extrajudicial retribuyéndola de modo adecuado.
- Establecer el criterio del SMI frente al IPREM para garantizar el acceso de la ciudadanía al sistema de Justicia Gratuita.
- Que la modernización de la Justicia sea una realidad, finalizando la implantación de los medios telemáticos
- Que se reduzcan las cargas burocráticas para la justificación de las actuaciones derivadas del turno de oficio.
Además de ello y para nuestro partido judicial reivindicamos:
1º.- Una reunificación de todas las sedes judiciales, que actualmente son tres distintas y bastante distantes, lo que dificulta la labor de los letrados y letradas pues requiere de desplazamientos de una sede a otra y dificultad o imposibilidad de compaginar varias actuaciones lo que no sucede cuando existe una ciudad o palacio de justicia. Además, se facilitaría también el acceso a la justicia a la ciudadanía, que peregrina por las distintas sedes para poder cumplir los trámites de suspensión del procedimiento al solicitar la asistencia jurídica gratuita. Esa reunificación supondría además un abaratamiento para la administración de los costes de mantenimiento.
2º.- La urgente y necesaria creación de una delegación de Fiscalía para atender los seis Juzgados Mixtos y el nº 1 de Violencia contra la Mujer para que la justicia sea cercana y accesible a la ciudadanía, para que se garantice una administración de justicia que respete los derechos de los justiciables Basta de calificaciones telefónicas, de consensuar conformidades telefónicamente o a través del propio juzgador, basta de malgastar parte del presupuesto de justicia en taxis, basta de procedimientos de familia donde puede haber hasta tres fiscales distintos, uno en la vista de medidas, otro en la vista principal y otro en las prácticas de las pruebas periciales o exploraciones de menores si se fijan para días distintos.
3º .- La creación de un equipo psicosocial y la dotación de medios materiales y personales., para su efectiva puesta en funcionamiento .
Una última reflexión. Las abogadas y abogados no tenemos derecho a la huelga o a paros, pero tan legítimas son nuestras reivindicaciones como las del colectivo de los LAJ, judicatura, fiscalía o funcionarios de justicia. Porque las reivindicaciones del colectivo de la abogacía del turno redundan en favor de la ciudadanía. La abogacía del turno de oficio es necesaria para garantizar el derecho de defensa de aquella ciudadanía más vulnerable, para garantizar la igualdad de la ciudadanía que requiere de estos servicios, pese a que muchas veces ni la sociedad ni la propia Administración valoren de modo adecuado la importancia del servicio. Y la dignificación de este servicio indispensable e insustituible para garantizar la tutela judicial efectiva pasa porque las retribuciones al mismo sean dignas.
