En el siguiente artículo os dejamos una selección de sentencias dictadas el pasado año 2017 que hemos considerado relevantes, bien por su contenido, bien por tratarse de pronunciamientos novedosos o que cambian criterios anteriores que esperamos os resulten de interés.

En el orden penal

La Sentencia del TS de 8 de mayo de 2017,  EDJ 53948/2017, por constituir la primera en la que el Alto Tribunal se pronuncia sobre el nuevo delito «stalking», introducido por la reforma de 2015 en el CP art.172.ter.2.

 El mal uso de las nuevas tecnologías – y en particular, como forma de control y acoso contra la mujer- ha provocado la aparición de nuevos tipos delictivos, como el grooming, el cyberbullying, el sexting o el stalking.

Dada la novedad del fenómeno, los tribunales no habían definido los aspectos del tipo penal y cómo distinguirlo, frente, por ejemplo, a otros tipos delictivos, como el de coacciones. En esta sentencia se establece que el delito de stalking exige continuidad en el tiempo que provoque una alteración grave de la vida cotidiana de la víctima. De lo contrario, el reproche penal se agota en la aplicación del tipo de coacciones.

La Sentencia del TS de 27 de octubre de 2017, Sala 2ª, S. 706/2017, EDJ 2017/227233 sobre la eficacia jurídica del retuit.

Según esta sentencia retuitear mensajes o imágenes de apoyo a ETA o de homenaje a los terroristas puede ser delito de enaltecimiento del terrorismo, ya que el tipo penal no exige “que el acusado asuma como propio, razone o argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el que lo haya creado; basta que de un modo u otro accedan a él, y le den publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas”.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15.02.2017, EDJ 2017/6607  sobre la necesidad de contar con el previo consentimiento expreso del titular de la fotografía cuando otra persona quiera publicarla en Facebook.

El Pleno del TS considera vulnerado el derecho a la imagen cuando se incluya, en una crónica de sucesos, una foto de la víctima obtenida, sin consentimiento, de su perfil en una red social, aun cuando la misma no capte imágenes de su vida privada. La publicación de la imagen en un ámbito ajeno a aquel en que sucedieron los hechos, requiere consentimiento expreso cuando no se trata de un personaje con proyección pública y no aparece con carácter accesorio .

Además, el TS reconoce que el derecho a la propia imagen es un derecho de la personalidad, reconocido como derecho fundamental en el artículo 18.1 CE de la Constitución Española de 1978, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación y le permite determinar qué información gráfica generada por sus rasgos físicos personales puede tener dimensión pública. En su faceta negativa o excluyente, otorga la facultad de impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero sin el consentimiento expreso del titular, sea cual sea la finalidad perseguida por quien la capta.

Sentencia del TS Pleno de 23 de mayo de 2017, en relación con el delito de apropiación indebida y cantidades anticipadas para la construcción de viviendas.

Se acordó que en caso de cantidades anticipadas a los promotores para la construcción de viviendas, el mero incumplimiento, por sí solo, de las obligaciones previstas en la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en la redacción dada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, consistentes en garantizar mediante un seguro la devolución de dichas cantidades para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin, y de percibir esas cantidades a través de cuenta especial en entidades de crédito, no constituye delito de apropiación indebida. Cuando las cantidades entregadas no se hayan destinado a la construcción de las viviendas comprometidas con los adquirentes, podrá apreciarse un delito de estafa si concurren los elementos del tipo, entre ellos un engaño determinante del acto de disposición, o bien un delito previsto en los artículos 252 o 253 CP si concurren los elementos de cada tipo.

Sentencia del TS de 11.10.2017, nº 668/2017, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Se señala en esta sentencia que, más allá de las disquisiciones doctrinales, independientemente de que se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio (autorresponsabilidad), o por uno de heterorresponsabilidad, cualquier condena a persona jurídica debe estar basada en los principios irrenunciables que informan el derecho penal, entre los que se encuentra el principio de culpabilidad del art. 5 CP , o el de presunción de inocencia. En esta sentencia el TS hace un instructivo recorrido por las sentencias que hasta la fecha ha dictado en esta materia, a saber:

• STS 154/2016, 29 de febrero que afirmaba la responsabilidad por el hecho propio y la reivindicación de un injusto diferenciado como presupuestos sine qua non para proclamar la autoría penal de una persona jurídica.

• STS 221/2016, de 16 de marzo sobre las garantías que han de presidir el enjuiciamiento penal, concretamente en lo relativo al derecho a la presunción de inocencia.

• STS 516/2016, 13 de junio exponente de la confirmación de la línea jurisprudencial favorable a la autorresponsabilidad, siendo independiente la responsabilidad penal de la persona física y de la jurídica, respondiendo cada una de ellas de su propia responsabilidad

• STS 583/2017, 19 de julio, sobre la necesidad de preservar cualquier conflicto de intereses entre la dirección letrada de la persona jurídica investigada y la persona física autora del delito de referencia, y

• STS 455/2017, de 21 de junio, que negó la existencia de un litis consorcio pasivo necesario entre la persona jurídica y la persona física, recordando la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica frente a la del directivo o empleado que comete el delito de referencia.

En el orden civil

La STS de 24-02-2017 (ECLI:ES:TS:2017:477) en la que se adapta la jurisprudencia de la Sala Primera sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a la STJUE de 21-12-2016.

Esta última sentencia estableció que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la STS- 9-5-2013, se opone al art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE suponía el privar, con carácter general, a todo consumidor que hubiera celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario, que contenga una cláusula de ese tipo, de su derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que hubiera abonado indebidamente a la entidad bancaria en virtud de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013. Por ello en esta sentencia, con desestimación del recurso de casación, se confirma en este extremo la sentencia impugnada, que había acordado la devolución de todas las cantidades abonadas en aplicación de la cláusula anulada. Asimismo, se rechaza la excepción de cosa juzgada alegada por la entidad bancaria, con fundamento en la citada STS de 9-5-2013, por varias razones: por la jurisprudencia de la propia Sala Primera, del TC y del TJUE, pues en este caso se trata de una acción individual y no colectiva; porque la cláusula enjuiciada era diferente de las examinadas por la STS de 9-05- 2013; y finalmente, porque la entidad de crédito predisponente no fue la ahora recurrente.

La STS de  29/05/2017 (sECLI :ES:TS:2017:2026), sobre la falta de responsabilidad civil de un Procurador por la caducidad de una anotación preventiva de embargo, planteándose la cuestión del alcance y contenido de los deberes del procurador y, en concreto, si está obligado a poner en conocimiento del letrado director del procedimiento la proximidad del vencimiento del plazo de caducidad de dicha anotación para evitar que se produzca.

La Sala, tras examinar la jurisprudencia sobre la materia, concluye que la sentencia recurrida, no solo no se opone a la jurisprudencia de esta sala sino que la conoce y asume, pues constituye obligación de los procuradores representar a la parte en todo tipo de procesos, salvo que se disponga otra cosa o se autorice por Ley, lo que supone el seguimiento del juicio, con transmisión de documentación, antecedentes o instrucciones que le remitan el abogado, tener al corriente a su poderdante y abogado del curso del asunto que se le hubiere confiado y hacer cuanto conduzca a la defensa de los intereses del cliente (art. 26 de la LEC). Expuesto lo anterior, precisa la Sala, que no se incluye en esta normativa el cumplimento de la obligación de solicitud de prórroga para evitar la caducidad preventiva del embargo, pues constituye una iniciativa propia del abogado en la defensa y dirección del proceso en cuanto supone una actuación de contenido jurídicoeconómico, y que es ajena a la capacidad de decisión del procurador, que no es otra que la de notificar la existencia del plazo procesal y del momento en que se inicia, pero no le corresponde un deber legal de velar por el cumplimiento del plazo por el Abogado ni, en consecuencia, avisar de la proximidad de su vencimiento.

Las STS- 29-9-2017 (ECLI:ES:TS:2016:4176) y 7-3-2017 (ECLI :ES:TS:2017:793),  que abordan la cuestión suscitada por la reclamación del reembolso, la primera de ellas, de las cantidades satisfechas por una progenitora en el mantenimiento y atención del su hijo, tras la declaración judicial de la paternidad; y la segunda, ejercitada por un hermano frente a otro reclamando los gastos de residencia geriátrica de la madre, pagados por uno solo de los hermanos.

La Sala resuelve esta cuestión, en línea con una antigua doctrina jurisprudencial, en el sentido de considerar que puede existir, en efecto, una obligación moral o natural a cargo de quien finalmente es declarado padre o de un hermano frente a otro, pero lo cierto es que la ley no concede acción para pedir el cumplimiento de un deber de esta clase, solución que solo sería posible mediante una modificación del artículo 148 CC. Destaca la Sala la irretroactividad de los alimentos y que es la reclamación la que fija el momento a partir del cual, si el deudor interpelado por el acreedor no paga, incumple la obligación que le impone la ley de abonar una prestación alimenticia que hasta ese momento ha sido cubierta.

En el orden social, financiero y tributario

La sentencia del TS de 15 de noviembre de 2017 (EDJ 250534), sobre el derecho a la pensión de viudedad de mujer separada o divorciada.

Esta sentencia, ha sido dictada para la unificación de la doctrina sobre los supuestos en que ha de entenderse que se cumple el requisito de estar percibiendo la mujer separada o divorciada del finado una pensión compensatoria. La percepción de esta pensión compensatoria es uno de los tres requisitos exigibles, junto con los de haberse producido la separación antes del 1 de enero de 2008 y ser víctima de violencia de género, para ser acreedora del derecho a percibir la pensión de viudedad.

Concluye esa sentencia que cuando la obligación de pago adquirida por el causante no se presenta como una prestación duradera y sucesiva, de ejecución continuada y periódica, sino como una prestación única a satisfacer de una sola vez y en un tiempo predeterminado con cuyo cumplimiento agota su contenido, su consideración no es la de pensión compensatoria y por tanto, no se cumple el requisito que da derecho a la pensión de viudedad.

Las Sentencias del TS de 23.03.2017, EDJ 30702/2017 (caso Bankia) y de 20.04.2017 (caso Abanca) EDJ 58471/2017 sobre la obligación del empresario de llevar un registro de jornada de los trabajadores, debiendo únicamente llevar registro de las horas extraordinarias.

El TS exime a las empresas de la obligación de llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de los horarios pactados y que la obligación del empresario de anotar (registrar) se extiende solo a las horas extras realizadas y a comunicar a final de mes al trabajador y a la representación legal de los trabajadores su número, caso de haberse efectuado.

La STS 6/4/2017, RC 888/2016, relativa al impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a la validez de la comprobación de Valores por el sistema de estimación mediante la aplicación de coeficientes correctores al valor catastral. Validez de la Orden 23/2013, de 20 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2013, en base a los datos facilitados por la Gerencia Regional del Catastro.

Señala la citada sentencia que si la Administración tributaria se acoge al segundo de los medios previstos en el art. 57.1 de la Ley General Tributaria de 2002, que permite la aplicación de coeficientes multiplicadores, determinados y publicados por la Administración tributaria competente, a los valores que figuren en el Catastro Inmobiliario, no cabe plantear la improcedencia del método planteado, tan válido como cualquier otro técnico y objetivo de valorar. Cuestión distinta es -puntualiza la sentencia- que el contribuyente no se encuentre conforme con el valor final asignado, en cuyo caso podrá promover la tasación pericial contradictoria a que se refiere el apartado 2 del art. 57 de la Ley General Tributaria, o bien agotar los recursos disponibles alegando y probando que el coeficiente aprobado por la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma aplicado al valor catastral no responde al valor real del bien. En todo caso –dice la sentencia a continuación-, “la utilización de este medio para la comprobación exige que la Administración justifique adecuadamente su elección y razone el resultado de la comprobación de modo que permita al contribuyente conocer los datos tenidos en cuenta relativos a la referencia catastral del inmueble, su valor catastral en el año del hecho imponible, el coeficiente aplicado y la normativa en que se basa la Administración Tributaria, al objeto de que pueda prestar su conformidad o rechazar la valoración” (FJ 7º)

En el orden constitucional

La Sentencia del Tribunal Constitucional Pleno de 11-5-2017, Sentencia Nº 59/2017, BOE DE 15.06.2017, REC. 4864/2016,  en la que se ha declarado la inconstitucionalidad y expulsión del ordenamiento jurídico de articulo 107.1, 107.2.a) y 110 del TRLRHL, precisando que la única forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, quien, en su libertad de configuración normativa, tendrá que modificar y adaptar el régimen legal del impuesto para arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, a partir de la publicación de dicha sentencia. esa publicación se llevó a cabo en el boe de 15.06.2017.

Antes de pronunciar el Fallo la propia sentencia efectúa una serie de precisiones sobre su alcance que consideramos interesante transcribir porque ayudan a entender el mismo y sus consecuencias. Las precisiones establecidas son las siguientes:

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, «únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica» (SSTC 26/2017 , FJ 7; y 37/2017 , FJ 5).

Aunque únicamente se cuestionó la constitucionalidad del art. 107 LHL, la  declaración de inconstitucionalidad y nulidad se extiende, por conexión (art. 39.1 LOTC) con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al art. 110.4 LHL, teniendo en cuenta la íntima relación existente entre este último citado precepto y las reglas de valoración previstas en aquellos, cuya existencia no se explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con aquel, el cual «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene» [SSTC 26/2017 , FJ 6; y 37/2017 , FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe declararse inconstitucional y nulo el art. 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017 , FJ 7; y 37/2017 , FJ 5).

Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (SSTC 26/2017 , FJ 7; y 37/2017 , FJ 5).