2023: AÑO CONVULSO PARA LA JUSTICIA.

Si en el mes de enero fueron los Letrados de la Administración de Justicia los que iniciaron una huelga indefinida que mantuvieron hasta finales de marzo, es decir durante dos meses en los que se suspendieron juicios y vistas, no se admitieron a trámite demandas o dejaron de pagarse consignaciones judiciales, en ese mismo mes de marzo y casi sin solución de continuidad los funcionarios de justicia los que amenazaron con una huelga indefinida con paros de tres horas diarias a partir del 17 de abril. Y, estando incursos en esos paros que suponen nuevas suspensiones y dilaciones en la tramitación de los procedimientos y de nuevo sin solución de continuidad, asociaciones de la judicatura y fiscalía anunciaron el lunes 24 de abril su intención de convocar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo si no obtenían respuesta satisfactoria a sus peticiones en la reunión convocada con el Ministerio para el próximo 3 de mayo.

Jueces y fiscales anuncian este paro indefinido al considerar que se padece «un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos».

Pero en el fondo lo que subyace en la petición de todos los colectivos de la Administración de Justicia es el mismo: una mejora y aumento de su remuneración.

Y precisamente las medidas de presión utilizadas para conseguir una mayor remuneración como son la huelga y los paros afecta directa y gravemente a la abogacía: suspensiones, falta de admisión a trámite o tramitación, falta de pago de cantidades consignadas, etc y son las abogadas y abogados quienes han de trasladar a sus clientes esas situaciones, informar de “lo siento mucho, pero el juicio que llevabas esperando año y medio va a demorarse otro año más” o “sí, tienes el dinero consignado en el juzgado pero no nos lo dan” o “todavía no sabemos nada” o ”el funcionario que tramita tu expediente está de paro”. En fin, si no se pone remedio por parte del Gobierno, no es que haya amenaza de tormenta en la Administración de Justicia, sino amenaza de tsunami de consecuencias imprevisibles y es la abogacía, junto con la ciudadanía, las que van a ser las grandes perjudicadas.

Tenemos claro que la abogacía resulta directamente perjudicada por las huelgas y paros del resto de operadores jurídicos por una mejora salarial. Pero es que además,  esa misma petición de mejora y aumento de la remuneración percibida por los servicios prestados en el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita es la que desde hace años viene realizado el colectivo de abogados y abogadas de este país adscritos a los distintos turnos.

Precisamente para mañana/hoy 27 de abril, en plena vorágine del caos que están provocando las huelgas y paros, una plataforma de abogados del turno de oficio han convocado una concentración en Madrid para reivindicar sus derechos y una retribución digna de sus servicios.

La concentración, de secundarse masivamente, servirá como medida para hacer visible el conflicto pero, ¿será una medida de presión como la de los restantes operadores jurídicos? ¿podemos hablar de la misma situación? Ni por asomo. LA ABOGACÍA NO TIENE DERECHO A LA HUELGA, NI A PARO. Los abogados y abogadas de oficio realizan su labor 24 horas al día, 365 días al año, con el fin de garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, pero no pueden ejercer medidas de presión, como el resto de los operadores jurídicos, para obtener sus reivindicaciones.

Pese a ello, la situación de la abogacía del turno de oficio en la Comunitat Valenciana donde se tienen transferidas competencias en el ámbito de la justicia, es mucho mejor que en el resto del territorio gracias a las políticas de diálogo y consenso que desde hace unos años se siguen desde el CVCA y la Consellería de Justicia, tomando como premisa del papel fundamental del servicio del turno de oficio para garantizar el derecho de defensa y la tutela efectiva, lo que ha permitido un incremento importante en las retribuciones del turno

En la Comunidad Valenciana se han incrementado aproximadamente un 100% los ingresos para la Abogacía de oficio en los últimos ocho años, el pago ha pasado de ser trimestral a bimestral y es puntual, se pueden cobrar las actuaciones realizadas a las personas jurídicas en el ámbito penal, se han creado nuevos servicios debidamente retribuidos, como los Justiprop y se han simplificado los trámites eliminando el antes obligado sellado en el Juzgado de los talones para su cobro. Además de ello, tenemos una amplia oferta formativa fruto de los convenios que anualmente se suscriben entre el CVCA y la Consellería de Justicia y que redunda en una mejor calidad del servicio.

Con ello no quiere decirse que está todo hecho, se siguen solicitando y reclamando  por  el CVCA actuaciones y medidas que permitan dignificar la profesión, así como incrementos en los baremos, siempre por encima del IPC para que la retribución percibida sea  lo más acorde al trabajo realizado o que se paguen los desplazamientos a los centros de detención y penitenciarios así como aquellas actuaciones que siguen sin estar contempladas en los baremos.

Este diálogo y negociación que existe entre los colegios de la abogacía de la Comunidad Valenciana y la Consellería de Justicia esperamos que pueda alcanzarse con los funcionarios de justicia para que al menos el tsunami que se avecina se diluya en la medida de lo posible.

Y ese mismo diálogo y negociación esperamos que se produzca en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia con resultados satisfactorios para la abogacía.

Desde el ICA Sueca apoyamos a los compañeros y compañeras dependientes del Ministerio de Justicia en sus reivindicaciones y, una vez más, queremos aprovechar para ensalzar la labor del Consejo General de la Abogacía Española, órgano representativo, coordinador y ejecutivo superior de los 83 Colegios de la Abogacía de España, donde están representados los más de 150.000 abogados y abogadas de nuestro país.

Estamos a favor y apoyamos la necesidad de que las Administraciones Públicas, instituciones y formaciones políticas, como ha venido reivindicando el
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA  ESPAÑOLA (CGAE), impulsen un Pacto para mejorar la Justicia, la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. La administración de Justicia (la llamada administración pobre) tienen como mal endémico, la falta de medios económicos y la carencia de una verdadera apuesta por la justicia que permita adaptarla siglo  XXI, con reformas legislativas importantes, como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma profunda de la organización actual del sistema judicial, con la  creación de más juzgados, de sedes de fiscalía y de equipos psicosociales en cada partido judicial, la mejora e integración de los sistemas informático.

Compartimos los ejes esenciales sobre los que se propone ese Pacto y por eso, en este día reivindicativo solicitamos:

• Dignificación, accesibilidad, transparencia y atención para una mejor calidad de la Justicia.
• Retribución digna para los Abogados del Turno de oficio y la compensación de todas las actuaciones realizadas, garantizando en todo caso la compensación de las actuaciones que se realizan por imperativo legal o judicial, así como el cobro de los desplazamientos a los centros de detención o penitenciarios.
• Incentivar la cultura del acuerdo y la solución extrajudicial retribuyéndola de modo adecuado.
• Establecer el criterio del SMI frente al IPREM para garantizar el acceso de la ciudadanía al sistema de Justicia Gratuita.
• Que la modernización de la Justicia sea una realidad, finalizando la implantación de los medios telemáticos
• Que se reduzcan las cargas burocráticas para la justificación de las actuaciones derivadas del turno de oficio.

Además de ello y para nuestro partido judicial reivindicamos:

1º.- Una reunificación de todas las sedes judiciales, que actualmente son tres distintas y bastante distantes, lo que dificulta la labor de los letrados y letradas pues requiere de desplazamientos de una sede a otra y dificultad o imposibilidad de compaginar varias actuaciones lo que no sucede cuando existe una ciudad o palacio de justicia. Además, se facilitaría también el acceso a la justicia a la ciudadanía, que peregrina por las distintas sedes para poder cumplir los trámites de suspensión del procedimiento al solicitar la asistencia jurídica gratuita. Esa reunificación supondría además un abaratamiento para la administración de los costes de mantenimiento.

2º.- La urgente y necesaria creación de una delegación de Fiscalía para atender los seis Juzgados Mixtos y el nº 1 de Violencia contra la Mujer para que la justicia sea cercana y accesible a la ciudadanía, para que se garantice una administración de justicia que respete los derechos de los justiciables Basta de calificaciones telefónicas, de consensuar conformidades telefónicamente o a través del propio juzgador, basta de malgastar parte del presupuesto de justicia en taxis, basta de procedimientos de familia donde puede haber hasta tres fiscales distintos, uno en la vista de medidas, otro en la vista principal y otro en las prácticas de las pruebas periciales o exploraciones de menores si se fijan para días distintos.

3º .- La creación de un equipo psicosocial y la dotación de medios materiales y personales., para su efectiva puesta en funcionamiento .

Una última reflexión. Las abogadas y abogados no tenemos derecho a la huelga o a paros, pero tan legítimas son nuestras reivindicaciones como las del colectivo de los LAJ, judicatura, fiscalía o funcionarios de justicia. Porque las reivindicaciones del colectivo de la abogacía del turno redundan en favor de la ciudadanía. La abogacía del turno de oficio es necesaria para garantizar el derecho de defensa de aquella ciudadanía más vulnerable, para garantizar la igualdad de la ciudadanía que requiere de estos servicios, pese a que muchas veces ni la sociedad ni la propia Administración valoren de modo adecuado la importancia del servicio. Y la dignificación de este servicio indispensable e insustituible para garantizar la tutela judicial efectiva pasa porque las retribuciones al mismo sean dignas.