LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO, UNA PRIORIDAD DE LA SOCIEDAD QUE NO ENTIENDE DE IDEOLOGIAS.

Desde que en el año 2003 se aprobara en España la Ley Integral contra la Violencia de Género, 920 mujeres han sido asesinadas. Las víctimas en 2017 han sido 48, cuatro más que en 2016, cifra que además podría ascender a 52 si se confirma que los feminicidios de Benicásimm, Mogán (Las Palmas), La Llagosta (Barcelona), y Redondela (Pontevedra) tenían también ese móvil machista. De las 48 víctimas,  solo 10 habían denunciado. Además, se ha asesinado a 8 niños, la cifra más alta desde que en 2013 comenzaron a computarse también estos casos que, desde la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, constan como crímenes de violencia de género.

Todo esto en el año en que se ha aprobado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En efecto, como ya informamos, el pasado 28 de septiembre, el Pleno del Congreso,  con 278 votos a favor y la abstención de 65 diputados de Unidos Podemos y otro del Grupo Mixto, adoptó un acuerdo para un Pacto de Estado en materia de violencia de género, ratificando el informe aprobado en julio por la Comisión de Igualdad del Senado, Pacto que consta de 213 medidas destinadas a erradicar esa lacra, con un incremento de la dotación económica de mil millones de euros para los próximos cinco años.

Una vez firmado dicho Pacto e iniciada por el Gobierno la hoja de ruta, el pasado miércoles 27 de diciembre se dio un paso más para la puesta en marcha de dicho Pacto. Presidida por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, se celebró una Conferencia Sectorial de Igualdad a la que asistieron representantes de todas las Comunidades Autónomas y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la que todos los asistentes suscribieron y ratificaron el citado Pacto, comprometiendo la Ministra 200 millones  de euros para 2018 y ello pese a no existir acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado.

En esa reunión se acordó dar prioridad a 26 medidas que no requieren de modificaciones legislativas y, por tanto, se pueden ejecutar de modo inmediato y aplicar ya en este año 2018.

La mejora de los protocolos de detección precoz de la violencia de género en atención primaria y urgencias; la asistencia y protección de los menores; la supresión del régimen de visitas cuando los niños han presenciado actos de violencia de género; la posibilidad de conceder prestaciones aún sin denuncia penal; el impulso en la formación de policías, abogados y jueves; o la mejora de las campañas de sensibilización, son algunas de estas medidas.

Este Colegio de Abogados, sensibilizado con este tema y con la necesidad de ofrecer la mejor formación a nuestros colegiados en esta materia, tal como se recoge en las medidas del Pacto de Estado, en coordinación con el Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Sueca y Violencia sobre la mujer, José Luis Mendoza Gastearena, organizó los días 18 y 20 de diciembre unas jornadas sobre violencia de género.

Las jornadas, celebradas por primera vez en la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna tuvieron una gran acogida de público, resultando eminentemente prácticas, pensadas y estructuradas para ayudar a los letrados en su trabajo diario. Si bien comenzaron con un repaso a la Ley Integral contra la Violencia de Género, su evolución y reformas introducidas en la misma, lo cual resulta siempre conveniente y necesario, pasaron de inmediato a centrarse en la actualidad en torno a este tema, abordando precisamente el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en el 2017.

Contamos con la colaboración de Agentes de la Guardia Civil que hablaron del atestado, las mejoras introducidas en el mismo, de la evaluación del riesgo y también de los dispositivos electrónicos. Pudimos saber que incluso concluidas las medidas de protección judiciales, desde los destacamentos policiales pueden seguir realizándose labores de control y seguimiento a aquellas víctimas que han resultado especialmente vulnerables. Contamos también con la colaboración de una psicóloga que nos dio unos consejos para empatizar con las víctimas y permitirnos que el trato con las mismas pueda ser lo más cercano posible. La Letrada que dirige y coordina la Oficina de la Víctima en Valencia nos puso al día sobre cual está siendo  la aplicación práctica del Estatuto de la Víctima, al que le queda todavía un largo trecho por recorrer. Y, por último los dos Fiscales que participaron nos informaron de las últimas circulares y criterios de Fiscalía tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. En todas y cada una de las ponencias hubo una gran participación por parte de los asistentes, dando lugar al debate, lo que permitió contraponer ideas y enfoques.

Al hilo de estas jornadas, tuvimos ocasión de charlar con el Magistrado, José Luis Mendoza Gastearena, último galardonado del Premio Celia Amorós a las personas otorgado por la Diputación de Valencia, para que nos diera su opinión sobre estos 12 años de vigencia y aplicación de la Ley de violencia de género.

P: ¿Cual es su opinión sobre el pacto de Estado contra la violencia de género que se aprobó el pasado verano? Cree que es un hándicap, tal como han denunciado desde algunos sectores, que ese pacto no marque tiempos ni presupuestos concretos para cada una de las más de 200 medidas acordadas y que el marco temporal global de cinco años no garantiza su cumplimiento? ¿O ya se empiezan a ver medidas o resultados concretos?

R: El Pacto de Estado incluye importantes medidas que van a implicar reformas en el ámbito penal y civil, protección de menores e intervención de las fuerzas de seguridad. A mi juicio, las medidas más relevantes referidas a la violencia de género son las siguientes:

• Se amplía el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul

• Se pretende introducir un nuevo apartado (5) en el artículo 20 de la LO 1/2004 para que el abogado o abogada de la víctima ostente su representación procesal hasta que se le designe procurador, pudiendo personarse como acusación particular en cualquier momento.

• Se pretende eliminar las atenuantes de reparación del daño y de confesión, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría. También introducir como agravante la mutilación genital.

• Se prevé un incremento de las penas previstas para los delitos cometidos a través de las redes sociales.

• Recomendar la aplicación de la circunstancia 4.ª del artículo 22 del Código Penal,( agravante de genero) en todos los casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la victima.

• No considerar las injurias y calumnias a través de las redes únicamente como delito leve.

• Utilizar la medida de libertad vigilada sobre el maltratador en los momentos en que la víctima se encuentra más desprotegida, como cuando se dicta sentencia condenatoria y aún no se ha ejecutado dicha sentencia, y el agresor ya ha cumplido la pena de alejamiento durante el proceso.

• Extender la libertad vigilada a los restantes delitos en el ámbito de la violencia de género.

• Establecer consecuencias a los sucesivos quebrantamientos de las órdenes de alejamiento, como, por ejemplo, el uso de los instrumentos de vigilancia electrónica, cuando concurran los supuestos legalmente previstos. Antes esta opcion no existia, dado que no se permitia la instalacion de pulseras en quebrantamientos

• Para evitar la victimización secundaria, priorizar la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y juzgados especializados, con dependencias que impidan la confrontación víctima/agresor, dotándolos de medios audiovisuales que eviten la repetición de las declaraciones y de intérpretes cualificados.

• Llevar a cabo las medidas oportunas para la habilitación de instalaciones amigables en los Juzgados (incluidas cámaras de Gesell) para atender a los niños y a las niñas víctimas.

• Dotar de mayores recursos a los equipos psico-sociales para que los jueces y juezas puedan contar, sin dilación, con los pertinentes informes, evitando el colapso de los juzgados.

• Establecer, en el plazo máximo de dos años, las Unidades de Valoración Forense Integral, de las que podrán formar parte psicólogos/as y trabajadores/as sociales, y que, entre otras funciones, asistirán a los jueces y juezas en la valoración del riesgo.

• Revisar los protocolos judiciales con el fin de que los Juzgados comuniquen a los Puntos de Coordinación de las Órdenes de Protección los autos de sobreseimientos provisionales, las sentencias absolutorias y las sentencias de modificación de medidas en los casos de violencia de género. ( no se hace en la actualidad))

• Reforzar en la legislación y en los protocolos que se aprueben y revisen, la absoluta prohibición de la mediación en los casos de violencia de género.

• Establecer unidades policiales con formación específica en violencia de género que presten atención las 24 horas del día, todos los días de la semana.

• Incluir a los hijos e hijas en las valoraciones policiales de riesgo de las víctimas.

• Mejorar el sistema técnico de instrumentos de vigilancia electrónica, implicando a los Ministerios de Justicia e Interior e instar al Consejo General del Poder Judicial para que fomente su uso al menos en los supuestos de «riesgo medio»

• Eliminar el artículo 416.

• Estimular los puntos de encuentro de violencia de género

• Suprimir la custodia compartida para los maltratadores

• Prohibir trasladar a los menores al Centro Penitenciario donde cumpla condena el maltratador.

Las medidas que exigen reformas legislativas entiendo que tardarán un poco más en ver la luz. Las que no requieren de reforma serán aplicables más rápidamente pero evidentemente necesitarán de dotación presupuestaria. Las últimas noticias son alentadoras en este tema pues según ha manifestado recientemente la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, para este año 2018 se va a dotar de 200 millones para su aplicación.

Tendremos que esperar a ver el resultado, pero sin duda supondrá un importante avance si se dota de medios, se consigue una mayor especialización en los agentes intervinientes y se mejora el mecanismo de protección asistencial a las víctimas.

A partir de enero y a nivel de este partido judicial, hemos previsto dar charlas en los Cuarteles de la Guardia Civil de Sueca, Cullera y Tavernes de la Valldigna. No es por falta de formación sino que, como con las jornadas con los abogados, se trata de reciclaje, de cursos de actualización, de compartir experiencias con otros agentes intervinientes en este tema.

P: Existe un video circulando por las redes que se ha vuelto viral en el que se cuenta “La historia de Pepe y Pepa”, publicado el pasado 14 de noviembre, y que sirve para explicar a los adolescentes que la violencia de género no es solo pegar y que la violencia sexual no es solo violar. Su autora elabora una escalera en la que la agresión física está en el último de los escalones de la violencia de género, pero antes hay muchos peldaños que los adolescentes no ven como graves, pero que sí lo son. Control de amistades, telefónico, de redes sociales, de forma de vestir… De este modo intenta ayudar a detectar posibles situaciones de maltrato. ¿Cuál cree que es la base del problema? ¿Por qué se está incrementando la violencia de género entre los adolescentes?

R: El vídeo no lo he visto pero desde mi experiencia puedo decir que cuando voy a dar charlas a los institutos percibo que sí hay formación. Los adolescentes saben lo que es la violencia de género, pero da la sensación de que se han normalizado determinados comportamientos que no son normales y es muy difícil romperlos o cambiarlos. Se les pasa un cuestionario a las adolescentes en el que más de tres respuestas afirmativas son indicación de ser unas potenciales víctimas de violencia de género. Pues sorprende la cantidad de ellas que levantan la mano al finalizar diciendo que han dado más de tres respuestas afirmativas.

Hay que insistir mucho en la importancia de la educación de género y que la misma debe potenciarse. Recientemente, en la última reunión trimestral del pacto sobre violencia de género una ponente hablaba de la necesidad de imponerla como asignatura obligatoria y gratuita en la Universidad. También hay que insistir en las campañas informativas. Evidentemente estamos fallando cuando todavía hay víctimas que creen que muchas conductas no son indicativas de violencia de género cuando en realidad sí son delito.

P:¿Cúal es su experiencia en este partido judicial?. Durante los más de doce años al frente del Juzgado especializado en violencia de género, ¿Cómo cree que han cambiado las cosas en esta materia? ¿Se ha conseguido una mayor protección de la víctima frente al agresor o esa mayor protección es solo desde su condición de víctima, es decir, en cuanto a derechos asistenciales, salidas laborales, ayudas, etc?

R: Ha habido importantes cambios y la protección a la víctima de violencia ha evolucionado significativamente. Ante todo ha habido un desarrollo de medios importante. Al inicio carecíamos del servicio municipal de Oficina de Atención a víctimas. Tampoco se disponía de un letrado de víctima de violencia de género. Las víctimas se encuentran actualmente mucho más protegidas y han visto ampliados sus derechos. Ello, en parte, y a nivel de este partido judicial es debido a la coordinación entre el Juzgado  de Violencia  en el que trabajamos con un equipo estable desde hace más de 12 años en esta materia, los cuerpos y fuerzas de seguridad, los ayuntamientos y el propio Colegio de Abogados. Hay convenios con Ayuntamientos que ofrecen a la víctima la posibilidad de salir e inmediato de casa y quedarse en una instalación hotelera. La colaboración del Colegio de Abogados también es fundamental. Los colegiados de este turno especializado conocen la sensibilidad de estos temas y acuden rápidamente a atender a estas víctimas. Lo mismo ocurre con los Agentes de la Guardia Civil y Policía Local, que no solo asisten a la víctima en un primer momento, sino que luego realizan un seguimiento. Y ni que decir tiene la labor de Agustín Sapinya, de la oficina de atención a las víctimas, que las asiste en todo momento desde su llegada a las dependencias judiciales y les informa y ayuda para conseguir todos aquellos beneficios y ayudas que se les ofrecen por su condición de víctimas, de modo que la lectura de derechos deja de ser una simple lectura o una hoja firmada sin más pues cuando las víctimas acaban su periplo judicial conocen efectivamente sus derechos y los pasos que han de dar para hacerlos efectivos.

P: La realidad social actual y los importantes avances tecnológicos en la comunicación han destapado nuevas formas de comisión de delitos relacionados en ocasiones con la violencia de género. Estamos hablando de dos delitos introducidos con la reforma del Código Penal, mediante la Ley Orgánica 1/2015, el delito de acecho u hostigamiento, conocido como “stalking” y regulado en el nuevo artículo 172 ter, y el delito de difusión de imágenes íntimas obtenidas con consentimiento de la víctima, pero sin autorización para su difusión, conocido como “sexting” y regulado en el apartado 7 del artículo 197 del Código Penal. ¿Qué nos podría decir de estas nuevas tipificaciones? ¿Cual es su incidencia en este partido judicial? ¿Y en la víctima?

El stalking es una variante del acoso y, por tanto, como tal, era un delito conocido. El sexting no tenía reproche penal con anterioridad a la reforma del Código Penal. Surge a raíz de  un vídeo que fue distribuido por su  pareja por las redes sociales en el que la víctima aparecía masturbándose y que no pudo ser castigado penalmente por no estar tipificado. Desde esta reforma en el partido judicial de Sueca no se ha presentado ningún delito de sexting. De stalking, si. Es muy frecuente. Estamos hablando de víctimas que en dos días reciben 200 llamadas de sus parejas o ex parejas o que cada vez que salen por la puerta de casa las están esperando y las siguen sin más. Son conductas que afectan a la vida de las víctimas. Como también lo es la revelación de informaciones íntimas. Hay conductas que hoy en día todavía no tienen reproche penal pero que ya se apuntan en el pacto de estado pues se pretende limitar e impedir este tipo de comportamientos.

P: ¿Cree que determinados comportamientos todavía son producto de los largos años de machismo que se han vivido en este país?

R: Ciertamente, no queda tan lejos cuando, por ley,  la mujer necesitaba el consentimiento de su esposo prácticamente para todo, cuando las leyes eran más intransigentes con la mujer en temas de pareja, cuando la publicidad de la televisión mostraba a una mujer servil respecto de su esposo. Todo esto ha cambiado y la evolución legislativa ha sido fundamental y trascendental para conseguir la igualdad. Ahora bien, es cierto que hay un nuevo repunte de actitudes machistas en la juventud que ahora no pueden imputarse a una sociedad machista, para cuya erradicación  considero fundamental la educación de género.

P: En los Centros Penitenciarios en ocasiones se ofrecen programas  a los maltratadores. Pese a que suelen ser escasos y limitados, ¿cree que es posible la reinserción de los condenados por violencia de género? ¿cree que es un problema de actitud o conducta que se puede atajar? ¿y que ocurre cuando se choca con la educación y creencias religiosas?

R: Desconozco en profundidad estos programas aunque creo que son escasos y muy limitados. Por experiencia, puedo decir que hay un numero considerable de  maltratadores  reincidentes. No puede  determinar  datos concretos, pero  la educacion recibida es un factor relevante, de ahi la necesidad de potenciar politicas de igualdad y de género, desde  el momento de acceso a los colegios y  que las creencias religiosas mayoritariamente  en inmigrantes (pues hablamos de otras culturas donde la mujer no es tratada en plano de igualdad con el hombre), pueden  tener un  factor  relevante.

Si existen cursos educativos a los que asisten los condenados en caso de suspensión de las penas.

Creo de todos modos que es una cuestión de priorizar recursos y ante los escasos medios presupuestarios con que se cuenta se ha preferido dotar de asistencia a las víctimas antes que rehabilitar a los maltratadores.

P: Y ahora, desde el lado de la víctima, ¿cree que las mujeres migrantes que son las grandes invisibilizadas y solo salen en los medios de comunicación cuando son asesinadas, tienen asegurados sus derechos fundamentales? ¿Habria que proporcionarles una atención más especializada teniendo en cuenta que al miedo propio de su condición de víctimas se une el desconocimiento del idioma y su lucha contra su propia cultura?

R: Hay determinadas mujeres de Europa del Este que ven los comportamientos machistas como normales, al igual que las mujeres árabes, éstas además de por la educación recibida, por su religión. Y respecto de las orientales, no hay volumen significativo que bien pudiera ser no por no darse las situaciones sino simplemente por no denunciarse.

Hay muchas mujeres que toman la decisión de aguantar. Estamos hablando de mujeres que por su condición de inmigrantes carecen de arraigo social y familiar, tienen dificultad con el idioma y la mayoría necesidades económicas o están en este país de forma ilegal y todo esto pesa más en la balanza por lo que deciden no denunciar. Incluso en ocasione se consideran responsables de lo que ha pasado.

Además de las inmigrantes hay que prestar especial atención al ámbito rural y pueblos pequeños y fomentar la formación y educación. En estos entornos, las vítimas se encuentran aisladas, la familia es la primera que les dice que no denuncien.

P: ¿Cree que las políticas actuales están consiguiendo de algún modo sensibilizar al  conjunto de la sociedad sobre la importancia de la denuncia para frenar la violencia de género?

Solo el 28% de las mujeres asesinadas habían presentado denuncia. De las fallecidas en el 2017, solo el 10%, según el Observatorio sobre violencia de género. Curiosamente las víctimas si que lo cuentan a sus familiares, 8 de cada 10 lo cuentan pero a veces son los propios familiares los que les impiden denunciar. Hay mujeres que han tardado hasta cinco años en denunciar a su agresor. En muchos casos tienen dependencia emocional o consideran que no podrán salir adelante solas. Esto mismo es lo que dicen algunos familiares, que tampoco están en condiciones de ayudarlas por escasos medios y recursos y les aconsejan que aguanten. Si hace falta por tanto que tanto la víctima como su entorno se atrevan a denunciar y ahí resultan fundamentales las campañas.

P: Desde el otro lado de la barrera parece que a la satisfacción de evitar que se siga en una situación de violencia muchas veces acompañará la sensación de impotencia cuando se llega tarde a la ayuda, o cuando la propia víctima se niega a seguir adelante. ¿Es un trabajo que agota? ¿Cuál suele ser el balance al final de un día de trabajo especialmente duro, con varias víctimas y situaciones graves?

R: La violencia de género esconde una grave problemática social. Las situaciones personales y laborales de las víctimas son especialmente precarias en muchas ocasiones. Acuden sintiéndose totalmente desamparadas, desprotegidas y especialmente vulnerables y personalmente creo que no pueden salir del Juzgado con este mismo sentimiento. Han de sentirse amparadas y protegidas. Es un trabajo duro, de guardia permanente, que no te permite organizar el día, por lo que la labor del equipo y la cohesión del mismo es fundamental.

Importante también es la colaboración del Colegio de Abogados de Sueca y en especial del colectivo de abogados del turno de oficio de este Colegio que suelen ser los que mayoritariamente atienden tanto al acusado como a la víctima en los procedimientos de violencia de género.

También hemos establecido mecanismos de organización y coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad de todo el partido judicial – Policía Local y Guardia Civil- para los seguimientos de las medidas de alejamiento.

Creo que los avances en la  coordinación entre las instituciones públicas son positivos para la erradicación de esta lacra.